ARTÍCULO 1.- Solicitar a la Auditoría General de la Provincia que se realice de manera urgente una auditoría integral (legal, económica, financiera y de gestión) deBlos últimos cinco ejercicios del Instituto Provincial de Salud de Salta (2021-2024), incluyendo como mínimo los siguientes puntos de análisis:
a) Gestión de los recursos presupuestarios derivados de aportes de afiliados.
b) Gestión de los recursos presupuestarios derivados de transferencias realizadas desde el Estado Provincial.
c) Cuantía y causas de la deuda con proveedores y prestadores de salud y otras entidades.
d) Legalidad y gestión de la deuda.
e) Cumplimiento de las normas relativas a compras y contrataciones en general, analizando asimismo la calidad de la planificación, la razonabilidad económica y la transparencia de las decisiones en estas materias.
f) Transparencia y razonabilidad en la selección de empresas tercerizadas.
g) Corrección de la contabilidad llevada por la institución.
h) Organización y efectividad de los mecanismos de control interno

Sofía Sierra (Autora)

José Miguel Gauffín ( Coautor)

Diputados Provinciales

Bloque Pro

FUNDAMENTOS

Sr.Presidente:

El día 25 de febrero del corriente año, mediante decreto 108/25, el Gobernador de la Provincia decidió finalmente intervenir el Instituto Provincial de
Salud, luego de una larga sucesión de problemas cada vez más graves y que tomaron cada vez más estado público.

Los considerandos del decreto dan cuenta de la dramática situación de la institución, la que arrastraría una deuda de más de 25.000 millones de pesos, a pesar de haber recibido importantes ayudas extraordinarias a través de transferencias del Estado Provincial. Según las palabras del decreto, la obra social estatal no habría logrado “un manejo eficiente” de la deuda.

Se decide, por ello, “el desplazamiento del Directorio en su totalidad, a los fines de que el interventor designado implemente, de manera inmediata, las
acciones necesarias para la regularización del gasto, el fortalecimiento de los mecanismos de control y auditoría, la reorganización de la prestación de servicios y la administración de los vínculos con los prestadores, asegurando así una gestión más ordenada y eficiente del organismo” (el subrayado no se encuentra en el original).
Contrario sensu, como puede verse, el decreto abiertamente indica un estado de irregularidad del gasto, debilidad en los mecanismos de control y auditoría, una mala organización de la prestación de los servicios, una mala administración de los vínculos con los prestadores, y por todo ello, una gestión poco ordenada e ineficiente.

Sorprende, por ello, que juntamente con la intervención no se haya dispuesto una exhaustiva auditoría de lo acontecido en el Instituto en los últimos
ejercicios. Esta Legislatura, como órgano encargado del control legislativo, no puede asistir impávida a una intervención de esta naturaleza sin exigir la determinación de las eventuales responsabilidades.

El Instituto Provincial de Salud de Salta es la repartición autárquica con el mayor presupuesto de la Provincia: para 2025 se han presupuestado 305.000
millones para su operación. Esto equivale aproximadamente al 10% del presupuesto de toda la administración centralizada para el mismo ejercicio. El presupuesto del IPS triplica, por ejemplo, el de COSAySa, cuadruplica el del Hospital San Bernardo.
El decreto indica, como ya dije, que además de sus propios recursos (que son los que figuran presupuestados originalmente), el IPS ha venido recibiendo importantes transferencias del Estado Provincial.

De un cotejo efectuado en la página web de la Auditoría Provincial surge que los últimos informes de auditoría relativos a la deuda 1 y las contrataciones 2 del IPS se publicaron hace más de quince años, en setiembre de 2009 (expediente 242-1387/2006).
1 https://agpsalta.gov.ar/informes/zips/242-1387-06-d.pdf
2 https://agpsalta.gov.ar/informes/zips/242-1387-06.pdf

Ya entonces las conclusiones fueron desalentadoras. Así en lo que respecta a las contrataciones, se concluyó que la información producida por el IPS no
presentaba razonablemente las etapas del gasto de las contrataciones efectuadas, y que los tramites de estas contrataciones habían incumplido la normativa pertinente.
En lo relativo a la gestión, no resultaba posible emitir opinión respecto a la eficiencia, eficacia y economía de las contrataciones del IPS, por una serie de limitaciones entre las que se contaba la falta de confiabilidad del sistema de registración contable.
Con respecto a la gestión de la deuda, las conclusiones de entonces no fueron mucho mejores. También hubo cumplimiento sólo parcial de la normativa, tampoco se expuso razonablemente la información, etcétera.

Posteriormente, en 2014, se publicó un informe 3 en el que se enfatizó en las importantes falencias del sistema de control interno del IPS, indicándose que no se hallaba formalmente establecido y que “sólo se han dispuesto algunas medidas aisladas, que resultan insuficientes para el logro de los objetivos de la gestión”.
No parece haberse realizado ninguna nueva auditoría integral (sólo aparecen dos puntuales, una respecto de la Farmacia del IPS y otra respecto de un
determinado programa de tratamiento contra el cáncer). Once años después del último informe, una nueva crisis se produce, una enorme deuda vuelve a aflorar. No se ha auditado desde entonces, al parecer, ni la estipulación de un sistema adecuado de controles internos, ni la corrección de los procedimientos de contratación o de registración contable.

No es posible aceptar que la normalización que supuestamente se encara con la intervención del IPS, luego de una crisis de enorme magnitud y serias
consecuencias, no incluya el análisis de las causas de esa crisis, y de las eventuales responsabilidades.

Pido por todo esto a mis colegas diputados el acompañamiento con su voto, para que la Legislatura Provincial cumpla con la función de control que le
corresponde en una materia tan importante y sensible como ésta.